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Impuesto sobre Alumbrado Público en Mexicali violaría la Constitución

Redacción Zona Líder

El pasado lunes 9 de diciembre el Cabildo de Mexicali aprobó por unanimidad la propuesta para cobrar un impuesto de 13 pesos por Derecho de Alumbrado Público a través del recibo de la luz de la Comisión Federal de Electricidad.

La polémica medida impulsada por el Alcalde Jaime Díaz Ochoa, fue aprobada primero en la Comisión de Hacienda y luego ante el pleno del Cabildo, de manera sigilosa y sin que se hubiese planteado el tema de manera pública con anterioridad.

La propuesta aprobada no es novedosa, de hecho se cobra ya en por lo menos 20 estados del país, según un estudio realizado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Pública (INDETEC), sin embargo la difícil situación económica, el aumento del IVA al 16% en la frontera y el alto consumo de energía eléctrica en Mexicali, debido a alas altas temperaturas, provocó de inmediato una reacción en contra de esta medida.

Representantes del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali condenaron esta propuesta, la cual según datos vertidos por ellos, generaría alrededor de 96 millones de pesos.

Ahora la atención se centra en la determinación que tome el Congreso del Estado con respecto a este tema, ya que serán finalmente ellos los que validen que esta medida se aplique a partir del 1 de enero de 2014 en la capital cachanilla.

IMPUESTO EN ALUMBRADO PUBLICO ES INCONSTITUCIONAL

De acuerdo a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el cobro por Derecho de Alumbrado Público es inconstitucional; criterio que reafirmó el ministro del máximo tribunal del país, Sergio Valls Hernández.

Valls Hernández dijo que el derecho al alumbrado público es violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque habría sido gravado sobre el consumo de energía eléctrica, un impuesto que es competencia exclusiva de la federación.

La inconstitucionalidad de este “derecho” está sustentada en varias tesis constitucionales administrativas e, incluso, la SCJN emitió una jurisprudencia al respecto, luego de que varios ciudadanos se ampararan desde 1982.

La jurisprudencia con número de registro 820237, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, en 1988, señala que de acuerdo al artículo 73 constitucional, sólo el Congreso de la Unión está facultado para establecer tributos sobre el consumo de energía eléctrica, por tanto, las legislaciones locales que lo hagan “invaden facultades exclusivas de la Federación”.

ES INDIVISIBLE

En su columna periodística “Leyes de reforma: su actualidad”, Sergio Valls primeramente explica que la Constitución Federal, en su artículo 115, establece que entre los servicios públicos que deben prestar los ayuntamientos está el alumbrado público.

Luego dice que los derechos por servicios son “una especie de contribuciones” en la que debe existir una relación razonable entre el pago de un tributo por parte del usuario, y la prestación de una actividad concreta y determinada de la administración pública.

En este sentido, el ministro detalla que es imposible determinar cuánto y a quién beneficia el alumbrado público, porque por su naturaleza se trata de un servicio “indivisible” –a diferencia del agua potable que se mide en metros cúbicos-, es decir, “no puede ser fraccionado en unidades de consumo”.

Expone que, luego de un análisis efectuado a las leyes de las 31 entidades federativas, encontró que 21 han establecido el cobro del servicio por alumbrado público mediante “derechos”, sea con base al porcentaje de consumo de energía eléctrica, dividiendo el costo anual del consumo de energía entre contribuyentes del impuesto predial, de acuerdo al tipo de consumidor o con base a las medidas de los predios.