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Aumenta inconformidad por presuntas irregularidades en el proyecto C5i

Redacción Zona Líder

Ante el actual panorama de limitaciones en materia de seguridad pública en el estado, transitar de un C4 a un C5i resulta a todas luces innecesario, aunado a la falta de transparencia con la que se realizaron los procesos de licitación de dicho proyecto, expresó el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Juan Manuel Hernández Niebla, durante su visita en Tijuana a diversos organismos ciudadanos para exponer los avances del amparo promovido contra el mencionado C5i.

Junto a Coparmex y los Comités Ciudadanos de Seguridad Publica municipales, el recurso legal fue presentado el pasado 06 de septiembre y continua de acuerdo a lo esperado en términos legales, informó Hernández Niebla.

El Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública fue el expositor invitado ante la Agrupación Política de Baja California (APBC), en donde detalló al punto de vista del sector empresarial y demandante, una serie de presuntas irregularidades en las que figura como principal responsable la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde su titular Gerardo Sosa Olachea y su equipo de administración han guardado silencio.

A su vez, el Gobierno del Estado aún no ha contestado la demanda de los empresarios y el Consejo Ciudadano, con la documentación solicitada por la autoridad, por lo que la audiencia constitucional probablemente se postergue.

“Hasta el momento se ha desarrollado el proceso con normalidad, no vemos lentitud expresa; los tiempos y movimientos los teníamos contemplados, aunque esperamos se resuelva antes del 1 de enero, pero bien podría tomar hasta un año”, explicó el consejero presidente del CCSPBC sobre el estado de la iniciativa.

Por su parte, tanto los miembros de la APBC como de Grupo Madrugadores de Tijuana, se pronunciaron en favor de revisar los procesos e irregularidades que presenta el proyecto C5i, tales como la presencia de un solo proveedor, turbiedad en el costo de la tecnología que se utilizará o la ausencia de transparencia e información hacia la sociedad.

ANTECEDENTES

En septiembre pasado los presidentes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado (CCSPBC) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentaron un amparo en contra del proyecto del C5i, el cual de continuar significaría una erogación de alrededor de 800 millones de pesos para el Gobierno de Baja California durante los próximos 10 años.

Severamente cuestionado desde sus inicios, este proyecto impulsado por el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid para la adquisición de cámaras de vigilancia, botones de pánico y otros instrumentos, no convenció plenamente al sector empresarial, ni a la sociedad en general.

Hoy que se enlistan una larga lista de presuntas irregularidades, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, responsable del proyecto, simplemente guarda silencio ante las omisiones señaladas, y la atención se centra en el Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Manuel Sosa Olachea, quien a partir de su arribo a la dependencia, junto con su Director de Administración Marco Cortéz Bustamante, entre otros funcionarios, dieron continuidad al contrato que ahora se cuestiona públicamente.

Al respecto, Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, mencionó que al analizar el contrato se detectaron muchas irregularidades en la manera en cómo se licitó y en la eficiencia y operatividad de de lo que se está intentando instalar.

Hernández Niebla dijo que la inversión señalada no parece ser conmensurable al número de cámaras, arcos y botones de alarma que se incluyen en el proyecto.

En el mismo tenor, 200 cámaras, 5,300 botones de pánico, y 9 arcos de reconocimiento de placas son claramente insuficientes para captar y notificar los movimientos y actividades dentro de la geografía del estado.