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No eres tú, soy yo…

Para el ser humano no hay nada más difícil que un rompimiento, cuando una relación acaba todas las partes involucradas, quieran o no, sufren las consecuencias de su separación, ya sea en el momento inmediato o en el futuro, no existe excepción a la regla.

Una de las frases más temidas de escuchar, por quien se encuentre dentro de una relación sentimental, es la frase fatalista que titula este artículo, la cual anuncia el final de lo que se pensaba sería para siempre.

Pero el rompimiento que causa mayor desesperanza, desequilibrio y/o molestia, es el que se da en las relaciones labores, cuando el patrón le anuncia al trabajador:

“Tus servicios ya no son requeridos”.

La terminación de una relación laboral, ya sea porque así conviene a las dos partes, o por causa o responsabilidad de uno de ellos, patrón o trabajador, tiene sus reglas, mismas que no son renunciables, ni se pueden substituir al antojo o conveniencia.

Cuando el patrón que rescinde una relación laboral sin que medie aviso por escrito, donde se exponga de forma precisa las conductas realizadas por el trabajador que generaron la necesidad de separarlo, de expulsarlo, de la fuente de trabajo, de conformidad a las leyes aplicables al día de hoy, generara entonces, el derecho al trabajador de reclamar diversas prestaciones, en su mayoría de carácter económico.

En la iniciativa privada, la secuela de una condena, mediante un laudo laboral, puede poner en peligro el equilibrio económico y el futuro de una empresa, ya que golpea directamente el bolsillo del patrón. Así de grave puede ser la irresponsabilidad de no cumplir con lo que la Ley ordena.

Sin embargo, en la administración pública es distinto, ya que una condena por un despido injustificado pega indirectamente en los bolsillos de los ciudadanos.

Pero… ¿Qué pasa con ese servidor público que indolentemente separa a otro de su trabajo?

Si cree que dejara el problema a la siguiente administración y se ira a descansar a su casa una vez terminado su encargo, está en la más absurda de las ignorancias.

En el estado de Baja California, se considera servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o municipal, ya sea central o descentralizada.

Cada uno de ellos es responsable por los actos u omisiones en los que incurra en el desempeño de sus funciones, las cuales deben regirse por los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.

Si la norma máxima, nuestra Constitución Mexicana y la Ley Federal del Trabajo, ordena que solo se puede rescindir una relación laboral, siempre y cuando sea por escrito, como resultado de una conducta que encuadre en alguna de las causales determinadas por ley, si un servidor público de un organismo descentralizado, ya sea estatal o municipal, manda llamar a un trabajador para que en privado, de forma verbal, y sin mayor explicación le diga:

“Gracias por su servicio, pero se ha decidido dar por terminada la relación”

Entonces, dicho servidor público incurrirá en abuso de funciones, por omisiones arbitrarias que causan perjuicio a ese trabajador, al servicio público y en un futuro al presupuesto.

Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que le atribuyen a su empleo, cargo o comisión, es una obligación para todo servidor público.

Por lo que si se desconocen o se omite deliberadamente cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones, tanto el que ejecutó, el que ordenó, el que autorizó, así como el que conoció y no denunció, deberán ser acreedores a sanciones que pueden consistir en:

Suspensión, destitución, sanción económica y hasta inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Conclusión, debe fincarse responsabilidad administrativa a los servidores públicos, que por capricho despidan injustificadamente a un trabajador, pero además, por la cuantiosa condena que se cause con cargo al erario.