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En el limbo... Transporte Público en Baja California

Se acostumbra decir que para cada historia hay tantas versiones como partes involucradas; en el caso del transporte público en Baja California, en específico del colectivo de pasajeros, podríamos decir que existen cinco historias principales, una por cada municipio; cada una con narración y personajes distintos; lo único en común, es que el transporte público de pasajeros es caro e ineficiente.

Sin ser condescendiente con los diversos Ayuntamientos que han administrado los Municipios desde el año de 2001, en que se les otorgo la atribución de reglamentar el servicio de transporte, es justo aceptar que heredaron un tema complejo, colmado de intereses económicos y políticos; con pocos esfuerzos sobresalientes para lograr su modernización, como el caso reciente de Mexicali con la creación e implementación, en una primera etapa, del Sistema Integrado de Transporte.

Pasaron dieciocho años, hasta que el pasado 12 de diciembre de 2019, derivado de reforma a la Constitución Local, se derogo la norma que otorgaba a los municipios atribuciones en la materia, siendo sustituidos, como autoridades competentes para regular dicho servicio por una paraestatal, que según se desprende de la nueva norma constitucional, sería posteriormente determinada por la ley reglamentaria que el Congreso del Estado debe emitir, sin que al día de hoy exista la iniciativa correspondiente.

De lo anterior surge la duda... ¿Existe autoridad competente en materia de transporte público en el estado de Baja California?

Los Ayuntamientos asignaron presupuesto a sus paramunicipales o dependencias del ramo para el ejercicio correspondiente a este año 2020, así también, continúan aplicando sus reglamentos municipales, sancionando, e inclusive llegando al extremo, como en Ensenada, de ampliar la duración de las concesiones; todo ello, sin considerar que la competencia y atribuciones en la materia, como lo ordena la Constitución Local desde el pasado 12 de diciembre de 2019, corresponde a una paraestatal que debería ser determinada, por el Poder Legislativo, mediante la ley reglamentaria correspondiente.

Es notorio y conocido, lo complicado y oscuro del paso de una iniciativa de una norma a su promulgación, obviamente no me refiero al proceso legislativo, sino al político; por lo que supongo, concedo, que el Ejecutivo Estatal, en ejercicio de sus atribuciones, decidió crear un organismo descentralizado, denominado Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Baja California, para ejercer las atribuciones de autoridad estatal en materia de Transporte, mediante un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 27 de diciembre de 2019.

No obstante ello, paso por alto, que la norma constitucional local, ordena que el organismo que corresponde regular dicho servicio, será determinado por LEY, no por un decreto del ejecutivo.

En una curiosa publicación, el contenido del decreto del Ejecutivo antes mencionado, resulta, por calificarlo ligeramente, absurdo.

La primera sorpresa es que aparenta estar dirigido al Poder Legislativo como una iniciativa, inclusive, el fundamento corresponde a las facultades del Poder Ejecutivo de presentar las mismas ante el Congreso Local; pero en su articulado hace referencia a una Ley de Movilidad, la cual es inexistente; y otorga atribuciones al órgano de gobierno para reglamentar en materia de transporte.

Es decir, el Ejecutivo del Estado delega una facultad que no le corresponde; pero resultan más preocupantes sus artículos transitorios, ya que este decreto del Ejecutivo, se refiere a sí mismo, como LA PRESENTE LEY.

Todo lo anterior resulta preocupante, no solo por la cuestionable constitucionalidad del contenido del decreto, sino también, por la notoria irregularidad de quien, o quienes, dieron el visto bueno para que el Gobernador del Estado plasmara su firma, previo a su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

A consideración de este columnista, en Baja California, seguimos sin autoridad competente, que de forma fundada y motivada, pueda emitir actos de autoridad en materia de transporte.