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Ventanilla única... ¿para la corrupción?

No hace falta un gobierno perfecto; se necesita uno que sea honesto y práctico.
Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego

El Tecnológico de Monterrey, realizó un estudio que tituló: La corrupción-gobierno-empresas en México, se basó en encuestas a 3 mil 985 compañías, tanto nacionales como extranjeras, demoró un año y costó 430 mil dólares. Entre otros datos señala que 62 por ciento de las compañías que operan en México admiten que destinan una porción de sus ingresos a pagar sobornos a funcionarios públicos para obtener algún beneficio.

El coordinador de la investigación, el doctor René Zenteno, que pertenece al Centro de Estudios Estratégicos del TEC, indica que la corrupción que existe en el sistema económico representa un serio problema, al grado de que todas empresas que admiten pagar sobornos, el 81 por ciento hace desembolsos ilegales para “agilizar permisos” y el 79 por ciento para facilitar la conexión de servicios públicos.

Asimismo, el 82 por ciento otorga dinero para “evitar molestias” de inspectores, mientras que el 52 por ciento lo hace para obtener contratos gubernamentales. La investigación del TEC contó con la asesoría del Banco Mundial y de varias instituciones académicas de Estados Unidos, como las universidades de Yale y de California.

Para el Centro de Estudios Estratégicos del TEC, uno de los propósitos que animaron el estudio en cuestión fue que los mexicanos tuvieran una fotografía del problema de la corrupción, como si fuera el diagnóstico de una enfermedad. Fue así que la investigación reveló que las grandes compañías reconocen que destinan hasta el 8.5 por ciento de sus ingresos para influir en la modificación de leyes, regulaciones o trámites que las beneficien. Las pequeñas y medianas empresas, en cambio, gastan un promedio de 5.2 por ciento en pagos ilegales a funcionarios.

Con base a esta investigación que abarcó a empresas de los 32 estados del país, se pudo cotejar que lo que se refiere a licitaciones públicas y corrupción el 22 por ciento del gasto público se destina a contrataciones gubernamentales. Del total de recursos públicos destinados a realizar contrataciones gubernamentales, 30 por ciento se destina a la corrupción.

Los sectores empresariales han salido al paso para cuestionar el lastre de la corrupción. La más representativa de estas organizaciones, Coparmex, en un diagnóstico sobre este fenómeno sociocultural cuestiona que en México se le apostó a la creación y acumulación de controles, informes y reportes para evitar las posibilidades de que hubiera corrupción. Sin embargo, esta estrategia ha mostrado sus limitaciones.

Como nos enteramos hace unos días, el pasado 21 de abril, The New York Times publicó que el grupo comercial Wall Mart habría destinado en México por lo menos 24 mdd para sobornar a alcaldes, concejales, planificadores, burócratas y todo aquel funcionario que pudiera significar un obstáculo a su plan de expansión.
La denuncia fue presentada por un ex abogado de bienes raíces de Wal-Mart, quien indicó que la firma usó los sobornos para facilitar “cambios de zonas en los mapas, hicieron desvanecer objeciones ambientalistas, permisos que típicamente toman meses para su proceso, mágicamente se materializaron en días”.

Además denunció que las prácticas como parte de una estrategia expansiva de negocios, para construir cientos de nuevas tiendas tan rápido que sus competidores no tuvieran tiempo de reaccionar.

El ex ejecutivo dio nombres, fechas y montos de los sobornos, él sabía mucho, explicó que por años fue el abogado a cargo de obtener los permisos de construcción para Wal-Mart de México.

El caso se destapó en Estados Unidos y en México no hay el menor interés de saber quiénes pidieron y recibieron estos recursos.

Sin embargo, por otra parte algunos representantes de la iniciativa privada, comentan que las empresas ahora más que nunca están tomando una política estricta de no aportar recursos fuera de lo estipulado en la Ley de Ingresos o pago de derechos de manera oficial.

En estos casos es cuando salta a la vista la molestia de los funcionarios y prácticamente exigen un pago para poder tan solo recibir una solicitud de algún trámite Gubernamental.

Cualquier persona que ha intentado abrir un negocio, puede darse cuenta de lo complejo que es cumplir con todos los requisitos, de tal manera que es claro que reglamentación está casi diseñada para tener que brincar al lado de la ilegalidad, además de las serie de facultades discrecionales que algunos Reglamentos otorgan a funcionarios encargados de otorgar permisos de construcción, Protección Civil, Usos de Suelo, entre otros.

Me tocó en un recorrido por un municipio del Sur del Estado de México, conocer una de las oficinas llamadas “Ventanillas Únicas” concepto que tienen en muchas instancias de gobierno, con la finalidad de que el interesado solo acuda una sola área de gobierno, para realizar todos los tramites que requiera en un solo lugar y así poder impulsar la apertura rápida de negocios y empresas.

En este caso, se distorsionó este concepto a tal grado que la ventanilla única le dio poder a una sola persona para ser un embudo y tomar la decisión a criterio personal de qué se autoriza y qué no, además de definir a qué costo no oficial se realizaría el proceso.

En estas oficinas es fácil ver diariamente más de 80 personas que intentan hacer un trámite y les regresan su expediente pidiéndoles, cada vez, nuevos documentos. Por lo que la mayoría de los ahí presentes han visitado este lugar en más de una ocasión.

Estaba una señora que tenía cinco meses queriendo regularizar su tienda de abarrotes, porque ya no aguantaba a los inspectores que cada semana le solicitaban una cuota por no tener su documentación. Desanimada comentó que después de pagar el predial para poder pagar el Uso de Suelo, ahora le decían que tenía que ir a un curso de dos semanas con un costo de 15 mil pesos para que le dieran su certificado de Protección Civil.

Uno de los abogados que rondan por ahí, “ayudando” a lo que necesitan alguna asesoría o contacto que les pueda agilizar su trámite, comentó que un obra de millones de pesos de un gran supermercado en esta zona, quiso hacer su trámite como corresponde, con todos los papeles que necesita y no le aceptaron el expediente.

Después de tener cuatro meses la obra parada, el representante legal con la presencia de un Notario dio fe de que estaba cumpliendo con lo necesario y denunció en medios de comunicación que autoridades de ese municipio le solicitaban el 5 por ciento del costo de la obra total para poderle autorizar. Ese caso se resolvió, pero para las demás personas que se presentan a realizar un trámite las cosas no cambiaron.

Se debe denunciar al que pide, como al que da un soborno; es un círculo vicioso de aquel que bloquea un trámite para obtener un beneficio económico, como el que acepta este esquema para poder agilizar o tomar ventaja.

Es igual de responsable aquel que ofrece una cantidad para no respetar usos de suelo o incumplir condiciones de seguridad de algún establecimiento.

Desgraciadamente no hay una instancia jurídicamente confiable para canalizar estas irregularidades, a menos que como en los casos anteriores…. la autoridad establezca otra “ventanilla única” de quejas y denuncias de corrupción en donde se tenga que pagar para que proceda la inconformidad.